Por JORGEÁ SÁNCHEZ VARGAS

Si algo parece unir el manejo de Gustavo Petro con el de Donald Trump —desde orillas ideológicas opuestas— es el estilo: decisiones unilaterales, improvisación y una llamativa ausencia de consensos. Ni siquiera sus propios ministros parecen anticipar el alcance o las consecuencias de los movimientos presidenciales.

En el frente externo, Trump impone sin negociar, sin consensos; en el interno, Petro actúa del mismo modo, incluidas las regiones. Decretos, sorpresas y giros abruptos han ido reemplazando al diálogo y a la coordinación institucional, configurando un patrón que inquieta a todos los niveles del Estado.

Las tensiones entre el presidente y los mandatarios regionales dejaron hace rato de ser episodios aislados. Hoy describen una forma de gobierno: centralismo decisorio, excepcionalidad permanente y una relación cada vez más áspera entre la Casa de Nariño y los territorios. Lo que está en juego ya no es una disputa coyuntural, sino la armonía institucional y la capacidad misma del Estado para articular lo público.

El ejemplo más reciente lo dio el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, al anunciar que el departamento no aplicará el decreto de emergencia económica expedido por el Gobierno nacional hasta que la Corte Constitucional se pronuncie sobre su exequibilidad.

La decisión, sustentada en la defensa de la autonomía fiscal, cuestiona lo que Rendón considera una carga tributaria excesiva impuesta sin deliberación ni concertación. No se trata solo de un gesto político: es un recurso constitucional que deja al descubierto un choque estructural entre el Ejecutivo y las regiones.

Antioquia, sin embargo, no es un caso aislado. Tolima, Meta y Santander han vivido tensiones similares, con gobernadores que denuncian falta de coordinación, decisiones unilaterales y una relación que oscila entre el regaño público y la indiferencia administrativa. El mensaje que se filtra es inquietante: el poder central escucha poco y exige más obediencia que cooperación.

El Departamento del Magdalena expone una paradoja aún más compleja. Fue aliado electoral del proyecto político que llevó a Petro a la Presidencia, pero hoy mantienen una relación fría, distante y casi hostil. La pérdida de investidura del exgobernador Rafael Martínez y la ratificación política de ese mismo grupo con la posesión de la gobernadora Margarita Guerra —a finales de noviembre, para terminar el período— han sido seguidas por un silencio presidencial difícil de explicar desde la lógica del poder. Mientras tanto, el departamento se ahoga en rezagos históricos de infraestructura, crisis educativas, carencias crónicas de agua y salud, y una preocupante retoma de control territorial por grupos armados en la Sierra Nevada de Santa Marta.

El problema para el Gobierno es que este malestar ya no es marginal. De los 32 departamentos del país, al menos 17 gobernadores han expresado reparos o desacuerdos frente a la declaratoria de emergencia económica. Para varios analistas, esta postura equivale a una forma sutil —pero clara— de desobediencia institucional. El mapa regional comienza a dividirse entre quienes marcan distancia frente al Ejecutivo y quienes, por cálculo político o necesidad administrativa, hacen esfuerzos por sostener la gobernabilidad. En el fondo, emerge una lógica peligrosa: obediencia a cambio de recursos hoy, con la mirada puesta en las alianzas y las cuentas electorales de mañana.

La Constitución es clara: es la norma de normas. Forzarla no solo expone los decretos al control de la Corte Constitucional; erosiona la confianza entre los distintos niveles del Estado. Y sin confianza no hay política fiscal coherente, ni desarrollo equilibrado, ni proyecto nacional sostenible.

Colombia no puede avanzar con un país donde el centro ordena y las regiones resisten. Gobernar no es imponer. Transformar no es decretar sin escuchar. Lo público exige que el interés general prevalezca sobre la urgencia política, el cálculo electoral y el ego del poder. Si el Gobierno persiste en este camino, la grieta entre la Casa de Nariño y los territorios dejará de ser coyuntural para convertirse en estructural. Y entonces sí, el país estará ante una emergencia real: un verdadero despelote institucional. En la reunión de este lunes, nada pasó. Los gobernadores no conciliaron y denunciaron amenazas del ministro de Hacienda. Opiniones al correo jorsanvar@yahoo.com
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