Bladimiro Argote Rico. Editor Panorama Mundial.

 El Frente Unitario de los Trabajadores de Ecuador convocó este lunes movilizaciones para los días 12 y 13 de junio para rechazar los masivos despidos en el sector público y el incremento de combustibles decretados por el Gobierno de Daniel Noboa.

Los dirigentes de la Unión General de Trabajadores del Ecuador alertaron que la decisión oficial de reducir los ministerios de 14 a diez dejará desempleados a unos 20.000 servidores públicos, lo cual profundiza un proceso de desmantelamiento estatal que comenzó con las reformas al Código Orgánico de Organización Territorial y la Ley de Integridad Pública que, según denunció el dirigente sindical José Villavicencio, buscaba originariamente «dejar en la desocupación a más de 70.000 servidores públicos».

Por su parte, el presidente de la Unión Nacional de Educadores, Andrés Quishpe, detalló que el próximo viernes marcharán en Quito desde la Caja del Seguro hasta el Centro Histórico para denunciar el sometimiento de la política económica del Ejecutivo a los condicionamientos del Fondo Monetario Internacional al asegurar que «es porque se expresa un disciplinamiento desde el lado de Carondelet al FMI» que el riesgo país de la nación andina registra un descenso artificial.

En este contexto de conflictividad, el presidente del Frente Unitario de Trabajadores (FUT), Edwin Bedoya, enfatizó la urgencia de aglutinar fuerzas populares e izquierdistas para resistir las medidas neoliberales y advirtió con firmeza que «hay que construir un nuevo modelo económico y político que requiere el pueblo, con más justicia social».

Respecto al proceso de revocatoria de mandato impulsado por diversos movimientos populares en la nación suramericana, el líder de la central obrera aclaró que esta iniciativa constitucional no tiene dueño particular y pertenece legítimamente a toda la ciudadanía, por lo cual hizo un llamado amplio para evitar el fraccionamiento político y sumar voluntades colectivas en una agenda de lucha que no se limite únicamente a la vía electoral sino que se nutra con la protesta permanente.

Rodrigo Paz promulga ley de estado de excepción tras 39 días de protestas en Bolivia

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, promulgó este lunes la polémica Ley 1740 de regulación de estados de excepción que autoriza a las Fuerzas Armadas y a la Policía Boliviana a ejecutar operativos conjuntos, con el objetivo de reprimir las protestas sociales que exigen su renuncia desde el pasado 1 de mayo.

La nueva normativa faculta la intervención militar directa contra los más de 90 bloqueos de carreteras estatales en un contexto de alta tensión donde el mandatario aseguró que «esta es una ley para proteger a los bolivianos, esta es una ley para cumplir lo que manda la Constitución».

Durante su alocución, el mandatario asoció implícitamente las movilizaciones populares con el «narcoterrorismo». «Así como cayó Marset, sus días están contados y vamos a hace cumplir lo que manda la Constitución y las leyes», sostuvo el gobernante, en alusión al supuesto narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, quien fue capturado y entregado a Estados Unidos en marzo pasado.

Durante el acto oficial frente al alto mando castrense en el Palacio de Gobierno, el jefe de Estado encomendó de manera directa el control del orden interno a los uniformados alegando que «esta norma les permite llevar adelante el plan que ya hemos diseñado» para restablecer la normalidad económica del país.

Para la entrada en vigor total de esta polémica medida, el Ejecutivo deberá emitir un decreto supremo que tendrá que someterse al control de la Asamblea Legislativa Plurinacional en un lapso de 72 horas. La medida llega en medio de una crisis de desabastecimiento de alimentos, combustibles y medicinas tras 39 días continuos de movilizaciones populares.

Al respecto, el líder social y expresidente Evo Morales expresó «alertamos a la comunidad internacional sobre la aprobación de una nueva Ley de Estados de Excepción que debilita las garantías democráticas y la protección de los derechos humanos. La norma presume la legalidad de las actuaciones estatales, limita los controles judiciales y parlamentarios, y amplía la intervención militar en conflictos internos».

Conviasa denuncia desvío de vuelo Cancún–Maiquetía y “trato inaceptable” en Jamaica

El Consorcio Venezolano de Industrias Aeronáuticas y Servicios Aéreos (Conviasa) denunció este domingo que un vuelo comercial en la ruta Cancún–Maiquetía fue desviado “en condiciones no previstas” y obligado a aterrizar en Jamaica, donde los pasajeros habrían permanecido por más de ocho horas sin la atención adecuada y con fallas en los servicios aeroportuarios.

Según el comunicado difundido por la aerolínea estatal, el hecho ocurrió durante el tránsito del vuelo sin que, de acuerdo con su versión, “se respetaran plenamente los permisos operacionales correspondientes y de manera inexplicable durante su tránsito”, lo que alteró el desarrollo normal de la operación.

Una vez en territorio jamaiquino, Conviasa aseguró que “los y las pasajeras permanecieron por más de ocho horas en condiciones de incertidumbre, sin la atención adecuada conforme a los estándares internacionales”.

La aerolínea también rechazó el desempeño de las autoridades aeroportuarias de Jamaica, a las que atribuyó la falta de apoyo durante la contingencia.

“Conviasa expresa su más enérgico rechazo a la conducta de las autoridades competentes en Jamaica, al no garantizar las condiciones mínimas de asistencia, trato digno y apoyo operativo”, señaló el texto.

Asimismo, la empresa sostuvo que los hechos no son atribuibles a la tripulación ni a la operación del vuelo, al destacar que el personal actuó bajo los protocolos establecidos.

Ministerio de Educación confirma cierre del año escolar para el 17 de julio

El Ministerio de Educación ratificó que el año escolar 2025-2026 concluirá el próximo 17 de julio, fecha en la que los planteles del país entregarán los boletines de calificaciones e informes de evaluación a padres y representantes, de acuerdo con el calendario académico oficial.

El período vacacional comenzará a partir del 20 de julio. No obstante, el personal docente, administrativo y directivo permanecerá en funciones hasta el 31 de julio para completar las actividades de cierre correspondientes al período escolar.

El cronograma establece que el 13 de julio se hará la revisión de los informes de evaluación, mientras que cuatro días después se llevará a cabo la entrega formal de las notas.

Asimismo, el 21 de julio está prevista la realización del Consejo Docente N.º 7, espacio en el que las autoridades educativas y el personal de las instituciones efectuarán un balance de la gestión académica desarrollada durante el año.

Entre el 21 y el 23 de julio se desarrollará el proceso de inscripción para el período escolar 2026-2027, mientras que los actos de promoción y graduación en los distintos niveles educativos se celebrarán entre el 27 y el 30 de julio.

Hasta ahora, el Ministerio de Educación no ha informado la fecha de inicio del próximo año escolar. El período académico 2025-2026 comenzó el 15 de septiembre de 2025, según los registros oficiales.

Los Ángeles oculta crisis de personas sin techo previo al Mundial

La ciudad de Los Ángeles se prepara para recibir ocho partidos de la Copa del Mundo 2026 y los Juegos Olímpicos de 2028. Sin embargo, a la par de los preparativos deportivos, la alcaldía acelera un plan para retirar los campamentos de personas en situación de calle de las vías principales, priorizando la estética urbana para el turismo internacional por encima de soluciones habitacionales.

El gobierno local ha destinado 300 millones de dólares para trasladar a las poblaciones vulnerables hacia hoteles y complejos de micro casas prefabricadas. Los datos oficiales del censo indican una reducción del 17,5 % de personas durmiendo a la intemperie durante los últimos dos años. No obstante, el condado todavía registra a 72.000 ciudadanos sin hogar, de los cuales unos 47.000 permanecen en las aceras de la ciudad.

Uno de los lugares donde más se evidencia la exclusión social es Skid Row, una zona que abarca aproximadamente 50 manzanas y alberga una de las mayores concentraciones de personas sin hogar en Estados Unidos, estimada entre 3.800 y 5.000 personas. La zona ha sido durante mucho tiempo un foco de pobreza crónica, consumo grave de sustancias, crisis de salud mental y campamentos.

Las organizaciones sociales que asisten a esta población denuncian que el sistema está colapsado y carece de sostenibilidad. Representantes de fundaciones comunitarias advierten que la cantidad de personas en las calles supera hasta cinco veces el número de camas disponibles.

Cuando la ciudad desmantela un campamento, muchos no logran conseguir un cupo en los refugios y terminan instalando sus carpas nuevamente en otras zonas, viéndose obligados a ingresar en listas de espera que demoran meses.

Quienes logran ingresar al programa de refugios enfrentan condiciones complejas. Trabajadores afectados por la desigualdad económica o accidentes laborales describen los reducidos cubículos de plástico como «celdas». Aunque los protegen de la intemperie, estas estructuras imponen normas que aíslan a los residentes. Las cifras oficiales revelan el límite de esta política: el 40 % de los beneficiarios vuelve a quedar en situación de calle al poco tiempo.