Santa Marta no enfrenta un problema coyuntural de agua. La ciudad arrastra un déficit estructural que oscila entre 1.000 y 1.200 litros por segundo, cifra que en temporadas de alta demanda aumenta cerca de un 20 %. Es decir, cuando más crece la ciudad y más visitantes recibe, mayor es la presión sobre un sistema que ya opera al límite.

Ante esta realidad, se han planteado distintas alternativas. La planta proyectada para captar agua del río Piedras aportaría 800 litros por segundo, pero requiere obras de conducción que podrían tardar más de un año en ejecutarse. Por su parte, la planta del norte, en Taganga, sumaría entre 25 y 30 litros por segundo: un apoyo relevante, aunque claramente insuficiente frente a la magnitud del déficit.

En este contexto y de acuerdo con el análisis elaborado por Iván Calderón, empresario de Santa Marta y exsecretario de Desarrollo Económico, sustentado en datos suministrados por la Secretaría de Infraestructura, estudios técnicos y el proyecto de la planta desalinizadora de la Essmar, que el sector sur tenga su planta desanilizadora no es una opción secundaria, sino la pieza estructural que permitiría cerrar la brecha. Con una capacidad estimada de 600 litros por segundo, ofrecería un alivio inmediato al sistema, mejorando la estabilidad de presiones, la continuidad del servicio y la seguridad hídrica de la ciudad.

Sin embargo, el debate no puede limitarse a cifras técnicas. Existe un componente social ineludible. Hoy, la intermitencia y la escasez afectan con mayor fuerza a las familias de barrios populares, que enfrentan días sin servicio, mayores costos por compra de agua y dificultades cotidianas cuando la presión no es suficiente. Resolver el déficit hídrico es, ante todo, una decisión de justicia social.

Un mayor volumen disponible, acompañado de una administración eficiente, también permitiría reducir prácticas informales y fraudes que proliferan en escenarios de escasez. Con más oferta y mejor control, podrían disminuirse pérdidas estimadas en cerca de 300 litros por segundo. La solución, por tanto, no solo incrementa el caudal, sino que fortalece la eficiencia del sistema.

Además, la estabilidad en el suministro destrabaría proyectos de vivienda de interés social y desarrollos para la clase media que hoy permanecen frenados por falta de disponibilidad de agua. Sin seguridad hídrica no es posible planificar una expansión urbana ordenada ni consolidar un crecimiento sostenible.

Frente a esto, la pregunta no es cuánto cuesta invertir, sino cuánto le cuesta a la ciudad no hacerlo: desarrollo detenido, desigualdad persistente y un sistema que sigue funcionando al borde de su capacidad.

La planta del sur no es un lujo ni una obra simbólica. Es infraestructura estratégica para superar un rezago histórico, garantizar equidad en el acceso y permitir que Santa Marta avance con estabilidad y dignidad.

El agua no puede seguir siendo un privilegio intermitente. Debe consolidarse como un derecho efectivo. Y para lograrlo, las decisiones estructurales no pueden seguir aplazándose.