El Ministerio de Comercio de China manifestó su rotundo rechazo a las nuevas políticas de la Unión Europea (UE). La portavoz ministerial, He Yongqian, denunció la intención del bloque de marginar empresas chinas de sectores estratégicos, una acción que calificó de discriminatoria y dañina para la cooperación mutua.

La controversia surge por directivas que buscan excluir a proveedores de «alto riesgo» en 18 áreas fundamentales. Entre estas destacan la energía, el transporte y la gestión de servicios digitales. Beijing sostiene que Bruselas está politizando el comercio bajo el pretexto de proteger la seguridad nacional.

Yongqian subrayó que las compañías chinas operan en Europa cumpliendo estrictamente con todas las normativas locales. En tal sentido, precisó que estas empresas han sido aliadas clave en el desarrollo de la infraestructura de telecomunicaciones europea por décadas, destacando que los servicios que ofrecen estas empresas son de alta calidad y no representan amenaza alguna.

Un punto de alta tensión es la restricción impuesta a firmas asiáticas en el despliegue de las redes 5G. La funcionaria remarcó que estas prohibiciones carecen de sustento técnico y se basan en prejuicios. Para Beijing, la UE intenta frenar el avance tecnológico chino mediante medidas proteccionistas injustificadas.

Ante el anunció de la Unión Europea, China instó al bloque a rectificar y ofrecer un entorno de negocios justo para los inversionistas. Esto, al tiempo que advirtió que estas decisiones generan incertidumbre en la economía global a inicios de este 2026 y enfatizó que las relaciones deben basarse en hechos y no en presiones externas.

El Gobierno chino aseguró que protegerá los derechos legítimos de sus industrias ante este cerco. La disputa evidencia la lucha por el control de las infraestructuras críticas en el escenario internacional. China apuesta por el diálogo multilateral para resolver estas diferencias comerciales con el bloque europeo.

«No está seguro con Trump»: Crece el miedo en Alemania por sus reservas de oro en EE.UU

La política extraterritorial de Donald Trump y sus recientes acciones militares a escala internacional, como las ejecutadas en Venezuela para controlar por la fuerza el petróleo venezolano tras secuestrar a Nicolás Maduro, o las presiones a las que somete a Groenlandia para intentar anexar su territorio al estadounidense, han prendido las alarmas en uno de sus históricos aliados europeos, Alemania.

Según un reportaje del medio alemán Bild, la preocupación de expertos económicos y de círculos políticos sobre la Administración Trump surge especialmente porque gran parte de las reservas de oro de Alemania se encuentran almacenadas en la Reserva Federal de EE.UU., en Nueva York, donde el Banco Central alemán, el Bundesbank, guarda actualmente 1.236 toneladas de oro, cuyo valor se ha disparado debido a los precios récord del metal.

En total, Alemania posee 3.352 toneladas de oro en reservas, la segunda mayor del mundo después de EE.UU. Poco más de la mitad del oro se almacena en las bóvedas del Bundesbank en Fráncfort, y otros lingotes se conservan en el Banco de Inglaterra. Según Bild, el total de lingotes tiene un valor actual de unos 450.000 millones de euros o unos 527.000 millones de dólares. Casi la mitad de ese monto es el valor del oro depositado por Berlín en Nueva York.

Ante el inestable panorama político y económico promovido por Trump y sus recientes roces con Europa, desde Alemania existe una creciente preocupación de que almacenar estas enormes reservas de oro en EE.UU. pueda resultar demasiado arriesgado, y por ello algunos expertos creen que debería considerarse la repatriación de estas reservas; como lo advierte la Asociación de Contribuyentes: «Nuestro oro no está seguro con Trump».

Emanuel Mönch, exjefe de investigación del Bundesbank, dijo que «almacenar tanto oro en EE.UU. es actualmente arriesgado» y por eso las autoridades alemanas deberían trabajar en aras de una «mayor independencia estratégica respecto a EE.UU.» «El Bundesbank haría bien en considerar la repatriación del oro», agregó.

Por su parte, Achim Warnbach, presidente del Centro de Investigación Económica Europea (ZEW), comentó: «Actualmente, EE.UU. no es un socio fiable de la Unión Europea», por lo tanto, deben reevaluarse las «dependencias derivadas del almacenamiento de las reservas de oro alemanas en EE.UU.».

A esta postura se suma Katharina Beck, portavoz de finanzas del Partido Verde, que pidió la reubicación del oro y señaló que esas reservas «no deben convertirse en un peón en disputas geopolíticas bajo ninguna circunstancia». Mientras Trump esté en el poder, sería mejor «que las reservas de oro se mantuvieran en Alemania de ahora en adelante», agregó Beck.

Según Bild, el Gobierno alemán y el presidente del Bundesbank, Joachim Nagel, han rechazado hasta ahora una reubicación del oro. En octubre pasado, durante la reunión anual del Fondo Monetario Internacional (FMI) realizada en Washington, Nagel elogió las «excelentes condiciones de almacenamiento» del oro alemán en EE.UU.

Por su parte, Clemens Fuest, presidente del Instituto IFO de Alemania, que analiza la política económica y los climas del mercado, desaconseja una «repatriación precipitada de las reservas de oro alemanas». El experto cree que una medida de este tipo «solo echaría leña al fuego en la situación actual» y por ello «debería evitarse». «Esto debería abordarse en una situación donde no exista un conflicto grave», agregó.

Colombia suspende el suministro eléctrico a Ecuador

El Gobierno de Colombia la suspensión del suministro de energía eléctrica hacia Ecuador, como medida de reciprocidad frente a la decisión unilateral del presidente ecuatoriano Daniel Noboa de imponer un arancel del 30% a las importaciones colombianas a partir del 1 de febrero, tras alegar supuestos incumplimientos de Bogotá en la cooperación contra el narcotráfico y en materia de seguridad.

El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, informó que la medida entrará en vigor desde las 18H00 hora local y subrayó que Colombia ha sido históricamente solidaria con el pueblo ecuatoriano, incluso durante la crisis energética que sufrió ese país entre 2023 y 2024, cuando Bogotá duplicó sus envíos de electricidad para mitigar los apagones diarios.

“Las recientes decisiones del Gobierno de Noboa desconocen acuerdos vigentes y afectan de manera directa los intereses del pueblo colombiano, lo que obligó al Estado a actuar en defensa de su soberanía energética”, afirmó Palma, calificando la medida ecuatoriana como una “agresión económica”.

El Ministerio de Minas y Energía explicó que la suspensión de las Transacciones Internacionales de Electricidad (TIE) busca garantizar el abastecimiento interno en un contexto marcado por la variabilidad climática y las alertas sobre un posible fenómeno de El Niño.

“El deber del Estado es garantizar que los hogares, la industria y los servicios esenciales de Colombia cuenten con energía segura y confiable. Esta es una decisión responsable, preventiva y soberana”, agregó el ministro.

La interconexión eléctrica entre ambos países tiene una capacidad de 400 kilovatios, y su interrupción refleja el deterioro de la relación bilateral tras el anuncio de Noboa, quien justificó el arancel alegando una supuesta falta de cooperación colombiana en la lucha contra el narcotráfico.

“Hemos hecho esfuerzos reales de cooperación con Colombia, incluso con un déficit comercial que supera los 1.000 millones de dólares anuales. Pero mientras hemos insistido en el diálogo, nuestros militares siguen enfrentando a grupos criminales atados al narcotráfico en la frontera sin cooperación alguna”, escribió Noboa en su cuenta de X.

Sin embargo, las cifras oficiales de Colombia contradicen esa narrativa: entre 2023 y 2025 las incautaciones de cocaína en municipios fronterizos con Ecuador aumentaron un 36,7%, y Bogotá ha capacitado a 3.891 policías ecuatorianos en lucha antidrogas, además de realizar operativos conjuntos contra organizaciones criminales transnacionales.

Horas antes de la suspensión eléctrica, la ministra de Comercio, Diana Marcela Morales, anunció también la aplicación de un gravamen del 30% a 20 productos ecuatorianos, como respuesta proporcional y transitoria a la medida de Quito.