Por: Bladimiro Argote Rico. Editor Noticias del Mundo

El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela (TSJ), ordena que la vicepresidenta Ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, asuma, de inmediato, como encargada la presidencia de la República, en cumplimiento estricto de la Constitución y las leyes venezolanas.

En un comunicado, ofrecido por la magistrada Tania D’Amelio, explicó que en vista de la agresión militar extranjera suscitada el 3 de enero de 2026, de la cual fue objeto la República Bolivariana de Venezuela y que tuvo por objeto el secuestro del presidente constitucional, Nicolás Maduro Moros, esta Sala Constitucional del TSJ, en ejercicio de la potestad interpretativa que confiere el artículo 335 de la Constitución, estima necesario efectuar una interpretación sistemática y teleológica de los artículos 234 y 239 de la CRBV.

Esta interpretación se da a los fines de determinar el régimen jurídico aplicable para garantizar la continuidad administrativa del Estado, y la defensa  de la nación, ante la ausencia forzosa del presidente de la República a la luz de la situación excepcional generada por el secuestro del presidente Nicolás Maduro Moros, lo cual configura un supuesto de imposibilidad material y temporal para el ejercicio de sus funciones.

En virtud de lo anterior, y en cumplimiento de la atribución conferida por el artículo 335 de la CRBV, como máximo y último interprete de la Constitución así como del artículo 5 de la ley orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, esta sala fundamenta su competencia y procede de oficio a interpretar los preceptos constitucionales aplicables con el fin de aclarar y disipar cualquier incertidumbre jurídica, con el objeto de establecer la hoja de ruta para la preservación del orden constitucional en este momento trascendental del país.

Esta máxima interprete constitucional aprecia que este hecho público y notorio, acaecido el 03 de enero de 2026 configura una situación excepcional, atípica y de fuerza mayor, no prevista literalmente en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, generando una situación que requiere   certeza constitucional, debido a la máxima gravedad que amenaza la estabilidad del estado, la seguridad de la nación y la efectividad del ordenamiento jurídico, es por ello que esta sala ha considerado indispensable en el marco de una situación cautelar urgente y preventiva, una medida de protección para garantizar la continuidad administrativa del Estado y la defensa de la nación.