Por: Bladimiro Argote Rico. Editor Panorama Mundial

A pesar de las presiones de Washington y de las ilegales advertencias emitidas por la Administración Trump contra las operaciones aéreas hacia Venezuela, varias aerolíneas internacionales mantienen sus rutas hacia el país suramericano, desafiando lo que Caracas considera un “bloqueo político disfrazado de medida de seguridad”.

 Según datos del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía —el principal del país— y un análisis de la BBC, dos aerolíneas extranjeras operaron vuelos comerciales durante el fin de semana: la panameña Copa Airlines y la colombiana Wingo.

Copa Airlines (Panamá): anunció que mantendrá dos vuelos diarios entre Panamá y Caracas, exclusivamente en horarios diurnos debido a las restricciones estadounidenses.

Wingo (Colombia): confirmó que seguirá operando la ruta Bogotá–Caracas, preservando uno de los corredores aéreos más activos de la región.

Boliviana de Aviación (BoA): continuó ofreciendo billetes hacia la capital venezolana, consolidándose como una de las pocas aerolíneas suramericanas estables en el país.

Aerosucre (Colombia), en carga: dos aeronaves de la compañía fueron avistadas operando transporte de mercancías.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, cuestionó abiertamente las advertencias de Washington sobre los vuelos hacia Venezuela: “EE.UU. no tiene el derecho de cerrar el espacio aéreo venezolano. Lo puede hacer con sus aerolíneas, pero no con las del mundo.”

Colombia expulsa a miembros de secta judía Lev Taylor acusados de abuso infantil y secuestro

El Gobierno de Colombia expulsó el lunes a nueve integrantes de la secta judía ultraortodoxa Lev Taylor, tras el reciente rescate por parte de las autoridades de un total de 26 personas, entre ellas 17 adolescentes extranjeros, que habían sido reclutados por dicha agrupación. La secta está acusada de abuso infantil y secuestros.

Las autoridades de Estados Unidos recibieron a los 26 individuos, entre ellos los niños que fueron rescatados. El Gobierno colombiano señaló que «las 17 niñas, niños y adolescente que entraron al país de manera regular junto a sus familias serán puestas a disposición» de los Servicios de Protección al Menor de Nueva York «para garantizar la restitución de sus derechos«.

El 23 de noviembre, las autoridades de Colombia realizaron una operación en el municipio de Yarumal, en Antioquia (noroeste), después de que recibieron información sobre la presencia allí de niños y niñas menores de edad con nacionalidad canadiense, guatemalteca y estadounidense.

Después de identificar a los niños, se encontró que cinco de ellos tenían una circular amarilla de Interpol debido a «posibles riesgos asociados a desaparición o trata de personas», en tanto que un grupo de adultos contaban con alertas de arresto emitidas por agencias internacionales porque estaban asociados a supuestos delitos contra menores, incluyendo condenas anteriores al presunto líder de Lev Taylor por secuestro y explotación infantil.

Venezuela denuncia «vulgar y bárbaro despojo» de CITGO por parte de EE.UU.

El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela rechazó enérgicamente la decisión de un tribunal estadounidense que avala la venta forzosa de CITGO Petroleum, calificándola como un “vulgar y bárbaro despojo” de un activo estratégico del pueblo venezolano.

En un comunicado leído por la vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, se denunció que este acto constituye un “proceso fraudulento” y un “nuevo episodio de la agresión multiforme que se ejecuta desde los Estados Unidos contra Venezuela”. La dirigente aseguró que PDVSA y el Estado venezolano “fueron intencional e ilegalmente excluidos del proceso”, negándoseles el derecho a la defensa bajo la “grosera excusa” del desconocimiento del gobierno legítimo.

El pronunciamiento oficial señala que este despojo se ejecutó “en complicidad” con figuras de la oposición radical como María Corina Machado, Edmundo González Urrutia, Juan Guaidó, Julio Borges, Carlos Vecchio y José Ignacio Hernández. A estos los identifica como parte de un “grupo de delincuencia organizada” que, desde la autodenominada Asamblea Nacional de 2015, pretendió usurpar la representación del país para dejarlo indefenso ante el “robo descarado”.

Venezuela reitera que no reconoce ni reconocerá la venta forzosa de CITGO”, afirmó Rodríguez, adelantada en “flagrante desprecio” de las garantías jurídicas y económicas. El Gobierno reafirmó que adoptará “todas las medidas a su disposición” para llevar ante la justicia, incluyendo la responsabilidad internacional, a todos los promotores y ejecutores de este saqueo.