Colombia se enfrenta a una nueva dinámica migratoria, con un notable flujo inverso de personas que ahora ingresan al país a través de las zonas fronterizas. Este fenómeno ha generado una oleada de migrantes que se desplazan de norte a sur, llegando desde diferentes puntos de Centroamérica y Norteamérica.
La Defensoría del Pueblo ha identificado que, entre el 15 de enero y el 28 de febrero de 2025, ingresaron al país 1.885 migrantes, con un promedio de llegada de 84 personas diarias desde La Miel (Panamá) hasta el corregimiento de Capurganá (Acandí-Chocó). De ese total, 56% son hombres, 25% mujeres y el 19% son niñas, niños y adolescentes. También se detectó que la mayoría se trasladan hacia Necoclí, Antioquia.
Este y otros temas de vulneración a los derechos de poblaciones migrantes fueron expuestos por el Delegado para los Derechos de Población en Movilidad Humana, durante la segunda reunión de implementación del Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular, un espacio clave para revisar la garantía de derechos junto a los demás países de la región, que se realizó en Santiago de Chile, entre el 18 y el 20 de marzo de 2025.
En ese contexto, la Defensoría del Pueblo participó en la sesión temática sobre gobernanza migratoria, salvar vidas, retorno y readmisión dignos. Durante su intervención, alertó sobre las brechas en la garantía de las personas migrantes, haciendo énfasis en:
La persistencia de los riesgos y vacíos de protección que enfrentan las y los migrantes en los movimientos migratorios, particularmente desde Colombia hacia Centroamérica y a la inversa, tales como: tráfico de migrantes, tráfico y Trata de personas, desapariciones, homicidios, extorsiones, naufragios, utilización por grupos armados ilegales nacionales e internacionales, reclutamiento forzado de niñas, niños y adolescentes y discriminación y estigmatización de la migración forzada.
Ausencia de mecanismos efectivos para verificar el parentesco de niñas y niños con acudientes acompañantes, lo cual aumenta el riesgo de trata, explotación sexual y otras violaciones de derechos.
Persistencia de barreras de acceso y los vacíos en la protección de los derechos en regularidad migratoria, los retrasos en los trámites administrativos y en la población migrante, el desconocimiento de los procedimientos, lo que limita el acceso a servicios esenciales como salud, educación y trabajo, además de dificultar la regularización de su estatus migratorio.
Ante la grave situación de vulneración de derechos que enfrentan las poblaciones migrantes, la Defensoría del Pueblo recomienda coordinar respuestas entre los gobiernos en los países de origen, tránsito y acogida, para mitigar estas vulneraciones y reducir los riesgos para la población en tránsito.
Asimismo, resulta imperativo establecer protocolos claros y efectivos para la búsqueda de personas desaparecidas en el tránsito fronterizo y facilitar mecanismos de denuncia accesibles para personas migrantes en caso de vulneración de derechos, incluyendo oferta de opciones digitales y líneas de atención multilingües.
